“ TRIUNFO DEL DERECHO Y LA RAZÓN”

Por: José Santos Alonso

Esta semana se conocieron dos decisiones trascendentales para la Tauromaquia, resoluciones ambas que serían lógicas y naturales en un estado normal de derecho y sensatez,  sin embargo  la intransigencia, la intolerancia y la tozudez de los llamados antitaurinos que han creado un ambiente de hostilidad hacia la tauromaquia y la charrería  sin ningún argumento sólido ni  legal que los acredite las hacen muy significativas e importantes por el hecho emanar de  autoridades de inobjetable jerarquía como lo son  la Corte Constitucional de Colombia y, la LXXII Legislatura del Estado de Michoacán que han reivindicado las corridas de toros en la ciudad de Bogotá y legitimado la celebración de los festejos taurinos y  la charrería en el Estado de Morelia Mich. respectivamente, así como el derecho de practicarlas como tradicional, regular e ininterrumpidamente se ha hecho.

 La primera fue la valerosa defensa que hicieron los taurinos bogotanos contra la prohibición de la fiesta de toros trastocó la intransigencia del alcalde Gustavo Petro  y, “Tras nueve meses de gestación y coincidiendo con la huelga de hambre iniciada por ocho novilleros frente a la plaza de toros de la capital de la república, en reclamo de su devolución al fin para la cual fue construida, el órgano máximo de la jurisprudencia, -es decir- la corte Constitucional de Colombia decidió: “Ordenar a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santamaría de Bogotá, mediante adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión”

Así mismo la Corte falló en contra de la decisión del alcalde que había impedido las corridas de toros  por medio de un decreto que canceló el contrato de arrendamiento de la Plaza “La Santamaría” que es propiedad del ayuntamiento, con la Corporación Taurina de Bogotá.

Dado que la Ley Taurina Nacional legitíma jurídicamente las corridas de toros por considerarlas una expresión artística y cultural tradicional del pueblo colombiano, la Corte dictaminó que no existía una norma legal que impusiera la prohibición general de los espectáculos taurinos. Sino que muy al contrario avala la regulación legal de estas actividades contenidas en la ley por ser reconocidas por el estado como tradición cultural de la nación.  Esta Sentencia es un bofetón definitivo para la intolerancia del alcalde de Bogotá y reivindica las corridas de toros en la más importante plaza de toros suramericana.

La segunda derrota para los desubicados antitaurinos se protagonizó en nuestro país, en el Estado de Michoacán donde la LXXII legislatura local recibió una iniciativa presentada por la Comisión de Cultura y Artes para que se incluyera en el Catálogo del Patrimonio Cultural Inmaterial del estado la Charrería y la Tauromaquia, iniciativa que fue aprobada con “carácter de dictamen” por diez y ocho votos a favor, diez en contra y cuatro abstenciones. No sin la consabida oposición de los antitaurinos que, como acostumbran se opusieron, tratando de impedir con violencia que se efectuara la sesión.

Esta declaratoria  se suma a la de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo,  Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. En San Luis Potosí, como es ampliamente conocido, quedó conjurada en el congreso local por mayoría aplastante de votos la iniciativa del Partido Verde “Ecologista” para prohibir los festejos taurinos en el estado, lo que fue demostración irrefutable de la voluntad de los potosinos y, a raíz de ello la Secretaría de Cultura  por instrucciones del ejecutivo formuló el decreto de Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de las Corridas de Toros en el Estado. Independientemente los diputados Jaén Castilla Jonguitud y Crisógono Sánchez del partido Nueva Alianza presentaron en el congreso local una iniciativa con el mismo objeto.  

Hasta hoy no está claro el destino de estas iniciativas, pero es de esperar que siguiendo la dinámica del DERECHO y la RAZÓN expresada por los potosinos a través de sus representantes. Cualquiera de las dos iniciativas se concrete y queden definitivamente declarados los Festejos Taurinos como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado.