LA HORA DE LA JUSTICIA
Publicado por: Hassan González
Enviado por: Luis Alfonso García Carmona, Director Ejecutivo de ASOTAURO
Después de la avalancha de demagogia y populismo con la que el alcalde Petro y su Concejo Distrital han pretendido embolatar a la opinión pública en torno a la consulta popular sobre las corridas de toros en Bogotá, corresponde ahora a la Justicia “desfacer” el entuerto y sacar a la luz la verdad.
Se ha apelado al trivial argumento de que el pueblo es soberano y puede cambiar las leyes a su antojo. Eso no es así en nuestro Estado de Derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política. Los residentes en Bogotá pueden manifestar su opinión mediante consulta sólo en aquellos temas que sean de competencia del Alcalde o del Concejo Distrital.
Y ocurre que ni los Concejos ni los Alcaldes pueden prohibir o modificar las corridas de toros. De un lado, porque éstas se encuentran autorizadas y reglamentadas por la Ley (Ley 916 de 2004) y, del otro, porque la Corte Constitucional, mediante sentencia 889 de 2012, resolvió que el único competente para legislar en relación con el espectáculo taurino es el legislador, no los concejos ni los alcaldes.
Al proponer una consulta popular violando en forma manifiesta la Constitución y la Ley, están incurriendo tanto el Alcalde como los concejales que lo aprobaron en conductas delictuales sujetas a sanciones penales . De antemano sabemos que ello no va a ocurrir, pues ya el burgomaestre con antecedentes terroristas está habituado a actuar fuera de la ley impunemente. Tampoco los taurinos estamos interesados en llevar a la cárcel a nadie; nos conformamos con que cese el atropello en contra de nuestras libertades .
Tiene la palabra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al cual corresponde la revisión de la constitucionalidad de la citada consulta. Argumentos hay de sobra para impugnarla y así se lo manifestamos al H. Tribunal haciendo uso del derecho a intervenir que la ley nos otorga. Esperamos que algún día la mano del Estado se extienda para que desaparezca la violación de los legítimos derechos de los aficionados taurinos de Colombia.
